Los nuevos mandatos ejecutivos del Presidente Trump sobre la inmigración son una pesadilla para los no ciudadanos

Al final del año 2017, Presidente Trump firmó una serie de ordenes ejecutivas, pretendiendo promover “seguridad pública” y “seguridad fronteriza,” varios de ellas afectan profundamente cómo la nueva administración hará cumplir la ley migratoria.  Las ordenes del Presidente tienen que ver con las prioridades del cumplimiento de las leyes migratorias, la colaboración de policía local con inmigración y la publicación pública de datos de crímenes cometidos por inmigrantes. 
 
Primero, las prioridades de cumplimento – efectivas inmediatamente – convierten a todos los no ciudadanos “deportable” – incluso residentes permanentes – en prioridades principales si: (1) han estado declarado culpable por cualquier delito; (2) han estado “acusado de” cualquier crimen aun si la acusación no se ha resuelto; (3) han “cometido actos que constituyen un delito criminal”, potencialmente aun si los cargos no se han presentados; o (4) si “[e]n la opinión de un agente de inmigración, [ellos] de otra manera conllevan un riesgo para la seguridad pública o seguridad nacional.”  Esto es una enorme expansión de las prioridades de cumplimiento de la previa administración y representa una amenaza seria y perturbador para todos los no ciudadanos que han tenido o podrían tener contacto con la policía por todas partes en los Estados Unidos.
 
Peor aún, Presidente Trump ha declarado que el poder ejecutiva confiere poderes a policía local para aplicar las leyes migratorias al “máximo grado permitido por la ley.”  Al hacerlo, le ha ordenado que el Ministerio del Departamento de Seguridad Nacional trabaje con policía local para que se firmen acuerdo de “287(g)” que permite que los policías locales investiguen y detengan a no ciudadanos para agentes de inmigración.  Actualmente los condados de Fredrick y Harford son los únicos participantes en el programa en Maryland.  Presidente Trump, además, le ha dicho a los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional que identifiquen “jurisdicciones santuario” y dejar de proveerles subsidios federales.  El Procurador General y Ministerio del Departamento de Seguridad Nacional, finalmente, ahora tienen la obligación de coleccionar datos y publicar informes acerca de “el estatus migratorio de todos los extranjeros encarcelados en prisiones estatales y centros de detención” en los EE.UU.
           
Estas nuevas políticas migratorias van a tener un impacto profundo en los no ciudadanos y sus familias en los Estados Unidos.  Si usted tiene preguntas o dudas acerca de cambios anticipados en la política y la ley migratoria que puede afectar su caso o su estatus migratorio, llame el Bufete de Adam N. Crandell para programar una consulta.  Analizaremos su caso en su totalidad y proporcionarle con una evaluación completa y honesta de sus circunstancias a la luz de todos los cambios anticipados bajo la nueva administración.